Por: Gonzalo Nuñez
El secretario de Gobierno de Santa Elena, Guillermo Vega, habló de la causa por sobreprecios en el asfaltado de 20 cuadras construídas bajo el programa nacional “Más Cerca”, por la que recientemente fue imputado y citado a declarar el exintendente Domingo Daniel Rossi, exfuncionarios, un empresario y técnicos. En la causa se investiga el delito de peculado y fraude a la administración pública.
“El sobreprecio está respaldado con pericias que son absolutamente claras”, dijo Vega en diálogo con La Sexta, y agregó que buscan que el exjefe comunal "repare el daño que se ha hecho". Además, comentó que la sobrefacturación “salta pura y exclusivamente por la calidad de la construcción. La mala calidad de la construcción de este asfalto es tan evidente que nos llevó a nosotros a averiguar y preguntar; y luego a accionar”.
Según Vega, la irregularidad también surgió en el proceso administrativo: “Después, cuando se ahonda en la cuestión administrativa, se vio una cotización de precios por invitación bajo responsabilidad del Ejecutivo Municipal. Y la invitación que se hizo fue a una sola empresa, que lógicamente fue la que ganó”.
“Acá hay 20 cuadras de asfalto que tienen un deterioro manifiesto y la idea es plantear la reparación del daño que se ha hecho”, concluyó.
Cabe recordar que la investigación penal se abrió tras una demanda formulada por el intendente Silvio Moreyra (PJ), a través del abogado Guillermo Mulet, quien es reconocido a nivel provincial por haber denunciado diferentes casos de corrupción del exgobernador y actual diputado Sergio Urribarri.
Imputados y citados
El martes el fiscal de La Paz, Santiago Alfieri, imputó a Rossi por fraude a la administración pública por el presunto sobreprecio de 20 cuadras de asfaltado durante su última gestión municipal. Además, lo citó a declarar como imputado para el 7 de marzo.
Es el segundo frente judicial que enfrenta el exintendente, ya que en Paraná se tramita una causa a cargo del fiscal Álvaro Pierola, que lo imputó junto a su esposa y exdiputada Patricia Díaz, por presunto enriquecimiento ilícito. En este caso investiga si el exintendente y exvicegobernador o su esposa tienen una cuenta en Uruguay. El funcionario judicial está a la espera un informe clave de la División de Fiscalización Internacional, de la Administración Federal de Impuestos Públicos (AFIP).
En la causa por el sobreprecios en la obra de asfaltado también fueron imputados y citados a declarar la excontadora municipal, María Inés Martínez; Adolfo Zenón Ortiz, responsable técnico del Programa Más Cerca; Roberto Carlos Mendez, exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena; Néstor Juan Szczech, presidente de L&C Construcciones, adjudicataria de la obra; el ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez; y al ingeniero y apoderado de la firma Carlos Alberto Lescano.
Según la acusación, L&C Construcciones recibió un pago por $20.035.724.85, cuando en el mercado el trabajo tenía un costo mínimo de $14.500.000 y máximo estimado de $18.133.859.10. Es decir, que el perjuicio al erario público municipal ronda la suma máxima de $5.535.724,85 y un mínimo de $1.901.865,75.
