El Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) exigió este viernes -tras un encuentro virtual- la derogación de tres artículos la Ley de Emergencia del gobernador Gustavo Bordet, aprobada por la Legislatura en tiempo récord a principios de julio.
Además, anunció que presentarán "las acciones judiciales definidas en consenso con otros sindicatos de trabajadores estatales el día 27 de julio en el marco de lucha por la derogación de los artículos 4,5 y 6 de la ley de emergencia".
Asimismo, aprobaron establecer desconexión efectiva de clases virtuales en la semana del 27 al 29 de julio, 3 días de desconexión; y en la semana del 6 y 7 de agosto, 2 días de desconexión corridos.
"En el plenario se trabajó el tema de la presentación judicial, las obras sociales, la vuelta a clases y el protocolo que se viene trabajando; y lo salarial", resumió Rosana Martínez, titular de AGMER La Paz, en diálogo con La Sexta.
La declaración que difundió AGMER provincial está firmada por las seccionales Colón, Concordia, Diamante, Federal, Federación, Feliciano, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, La Paz, Nogoyá, Paraná, San Salvador, Tala, Uruguay, Victoria, Villaguay.
LOS ARTÍCULOS CUESTIONADOS
Cabe recordar que los artículos 4, 5 y 6, que cuestiona el gremio docente incluyen la afectación de los salarios. El artículo 4° estipula que para sostener el sistema previsional los aportes personales se calculará “sobre el total de la remuneración liquidada al personal en actividad según el siguiente esquema:
Salario nominal: a) hasta $75 mil, 16% de aportes personales; b) desde $75.001 a $100 mil, aportes personales del 18%; c) desde $100.001 a $200 mil aportarán el 20%); d) desde $200.001 en adelante aportarán el 22%.
Hoy, según la Ley Previsional N° 8.732, el aporte personal a la Caja de Jubilaciones es del 16%, e igual porcentaje es el aporte del Estado como empleador, con lo cual la suba propuesta sobre los salarios produce quitas que van del 2% al 4%.
En cambio, se mantiene el aporte jubilatorio para el personal de la Policía, que es del 18%, según el Reglamento General de la fuerza, según la Ley N° 5.654, del año 1974, en tanto los haberes de los efectivos policiales no supere los $100 mil. Por encima de ese monto, se aplicará el mismo esquema que para el resto de la Administración: desde $100.001 a $200 mil aportarán el 20%; y desde $200.001 en adelante aportarán el 22%.
Igual criterio que el de la Policía se aplicará para el personal del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, cuyo regimen está comprendido en la Ley N° 5.797.
En el punto 6 del proyecto de Bordet se establece los porcentajes de los aportes “solidarios extraordinarios” para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones. Serán calculados en forma proporcional al nivel de ingresos, a detraer sobre el monto total nominal liquidado a cada uno de los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
Quienes tengan un salario desde $75.001 a $100 mil aportarán un 4%; desde $100.001 a $200 mil un 6%; desde $200.001 a $300 mil un 8% y desde $300.001 en adelante aportarán un 10%.
LA DECLARACIÓN COMPLETA DEL PLENARIO DE SECRETARIOS GENERALES
En el contexto de agudización de una crisis económica como la que transitamos, heredada de cuatro años de las políticas neoliberales más salvajes y profundizada a partir del avance de la pandemia del coronavirus, que ha impactado con dureza a escala global en esta provincia el gobernador Bordet eligió la peor manera de afrontarla, apelando al recurrente mecanismo de cerrar las cuentas echando mano en el bolsillo de las y los trabajadores, prefiriendo no avanzar de manera decisiva en políticas de distribución del ingreso que graven a los sectores del capital financiero, agrario y económico que aprovechan –incluso en esta emergencia- para continuar aumentando sus ganancias.
Los números son muy concretos y contundentes, de acuerdo a la ley sancionada por la Legislatura provincial el 64,5 % lo aportan las y los trabajadores, mientras que bancos y financieras el 15,7 % y el sector agropecuario el 7,1 %. Las y los legisladores que aprobaron los artículos 4, 5, 6 del texto citado son, también, claramente responsables de la confiscación salarial de quienes venimos sosteniendo en nuestras espaldas la educación, los comedores escolares y la salud, frente a semejante situación de gravedad social y de haber atentando contra el 82 % móvil de los haberes jubilatorios.
Hemos sido muy claros, la declaración del aislamiento social, preventivo y obligatorio necesitaba que todos los actores sociales y económicos pongan por delante las mejores prácticas y actitudes solidarias para afrontar esta crisis. Y que esta era una oportunidad para avanzar en la construcción de una sociedad más igualitaria y con mayor justicia social. Desde AGMER no dudamos en poner todos los recursos disponibles con el propósito de profundizar en esa dirección, las y los docentes redoblaron sus esfuerzos sosteniendo y garantizando el derecho social a la educación de nuestros gurises. Y en el marco de la Multisectorial de Entre Ríos hemos hecho propuestas concretas sobre de dónde deben salir los recursos necesarios para superar este contexto de adversidad.
La respuesta fue un nuevo ajuste a un salario ya en sí mismo diezmado. Porque la profundización de la crisis económica, social y sanitaria ha golpeado con dureza sobre las y los trabajadores, y la docencia de ninguna manera es la excepción. Y en Entre Ríos el avance de la pandemia nos encontró con una discusión salarial no resuelta y una paritaria abierta, hoy gran parte de nuestro salario se encuentra por debajo de la línea de pobreza, mientras que el encarecimiento del costo de vida se hace cada vez más difícil de afrontar, afectando también el funcionamiento de nuestras obras sociales OSPLAD y IOSPER. Este plenario ratifica su compromiso de lucha en defensa de la salud pública y las obras sociales.
Frente a este escenario, el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales sostiene y exige:
-Derogación de los Artículos 4,5, y 6 de la Ley 10806 de Emergencia.
-Inmediata continuidad de la discusión salarial, por ingresos que estén por encima de la línea de la inflación y de la pobreza.
-Respaldar, a Nivel Provincial, la Exigencia de los Equipos Directivos Escolares en el planteo de demandar Módulos Alimentarios reemplazando la “Vianda” como una forma de proteger el Contacto, la Concentración Humana y fortalecer la Dieta Familiar en los departamentos que así lo necesiten, en función del avance y tratamiento de la pandemia. Del mismo modo consideramos fundamental que esta medida fortalezca el valor nutricional, incrementando las partidas y garantizando al menos una periodicidad mínima quincenal.
-Promover en el ámbito de Tribunal de Disciplina CGE, la prórroga provisoria de Aplicación de la Resolución 3491/10 durante el Acompañamiento Pedagógico Virtual, dado su inaplicabilidad en estas condiciones excepcionales, garantizando al mismo tiempo Concepto Anual Profesional 2020 vía la normativa vigente cuando las circunstancias lo permitan o, en su defecto por las propias Facultades del órgano competente del CGE. Debe garantizarse un nuevo formato que evalúe con justicia esta nueva y excepcional forma de trabajo. Es clave que esta situación no represente pérdida de derechos para ningún trabajador de la educación entrerriano.
-Ratificamos que para el normal regreso a la presencialidad se deben dar condiciones que garanticen el Protocolo Marco Nacional, Presupuestos continuos de Partidas específicas, Condiciones Laborales de la Paritaria Laboral Nacional, Paritaria Salarial, al tiempo que contar con el consenso del contexto Comunitario-Familiar y propulsar el Protocolo Sindical en elaboración.
-Proponer las Mejoras Pedagógicas y Normativas necesarias para garantizar la continuidad, ingreso, permanencia, promoción y egreso de los Alumnos en el formato Virtual en todos los Niveles del Sistema Educativo.
-Vemos con preocupación las precarias condiciones de conectividad que tienen muchos compañeros trabajadores y trabajadoras de la educación y en este sentido demandamos al gobierno de la provincia las herramientas necesarias que aseguren la conectividad de las compañeras y compañeros en estas jornadas institucionales.
-Ratificar la Plena vigencia de la Ley 9624/05 de Paritaria Provincial Docente, así como su estado de apertura vigente dado las actuaciones Gremiales desde el mes de febrero hasta la presentación ante el Ministerio de Trabajo de fecha 08 de julio 2020 exigiendo respuestas en ese ámbito.
-Recuperar los valores históricos de los aportes patronales a nuestra obra social, pasando del 4,5% al 6%. Y restitución de los aportes patronales por la Caja de Jubilaciones a la Obra Social. Exigir al gobierno Nacional y a los gobiernos provinciales el inmediato pago de la deuda patronal con la OSPLAD.
PLAN DE ACCIÓN
1- Presentar las acciones judiciales definidas en consenso con otros sindicatos de trabajadores estatales el día 27 de julio en el marco de lucha por la derogación de los Art 4,5 y 6 de la ley de emergencia.
2- Realizar conferencia de prensa el lunes 27 a las 10 hs con la representación de los 4 sindicatos patrocinantes.
3- Convocar a comisión del salario y nomenclador en la semana del 27 al 31 de julio
4- Establecer desconexión efectiva según el siguiente esquema:
Primera semana: del 27 al 29 de julio, 3 días de desconexión.
Segunda semana: el 6 y 7 de agosto, 2 días de desconexión corridos.
5- Definir el día 5 de agosto una Jornada de trabajo sindical on line de 2hs en el marco de las Jornadas Institucionales.
6- Emplazar y exigir al gobierno provincial a que convoque a la continuidad de la paritaria docente para presentar una oferta salarial
7- Consensuar en el marco del sindicato un documento para trabajar en las jornadas institucionales.
8- Conformar una Comisión de Obras Sociales.
