El gobierno de Entre Ríos, mediante el decreto 1576 emitido el 24 de junio de 2024, ha implementado dos medidas con el fin de abordar el significativo déficit de la Caja de Jubilaciones provincial. Se trata del primer paso en la reforma jubilatoria anunciada el 31 de mayo por el ministro de Trabajo Manuel Troncoso y el titular del organismo previsional, Gastón Bagnat. Ahora, resta conocer una resolución del Ministerio de Economía que establezca desde cuándo se aplicarán los nuevos aportes.
En primer lugar, según el artículo 1 del decreto, se establece un aumento del 3% en los Aportes Personales y un 3% en las Contribuciones Patronales, que se sumarán a las tasas vigentes, elevando la alícuota del 16% al 19% sobre los haberes de todos los trabajadores.
Además, el artículo 2 del decreto, firmado por los ministros Manuel Troncoso y Julio Rubén Panceri, introduce un nuevo aporte personal del 3% para los jubilados provinciales que han accedido al beneficio de jubilación ordinaria especial, hasta que cumplan con los requisitos establecidos por ley para acceder a la jubilación ordinaria estándar.
Cabe recordar que los trabajadores de la Administración acceden a la jubilación ordinaria común al cumplir 62, en el caso de los hombres; y 57 años de edad, la mujeres. Mientras, en los regímenes especiales, como el de los docentes, la jubilación llega a los 54 años para los varones, y a los 52 años para las mujeres.
Al fundamentar los incrementos de aportes que recaen tanto sobre empleados activos como sobre una parte de los ya jubilados, el gobierno alude al grave déficit del sistema, al que define como “solidario, altamente deficitario, con una ecuación activo/pasivo en deterioro alarmante, dotado de un sistema de incrementos en la movilidad en dirección opuesta al déficit que genera cada escalafón, sumado a una situación de desfinanciamiento creciente”.
Precisa que “en el mes de marzo del corriente, el déficit superó la suma de $18 mil millones y, en abril, superó los $20 mil millones”, y que ese rojo “se ha visto incrementado por distintas omisiones en la gestión y en la obtención de los recursos, provenientes del Pacto Fiscal, situación que determinara la promoción de una acción judicial por parte del Estado Provincial”.
