El gobierno de Entre Ríos dispuso la cesantía formal de Marcelo Fabián Insaurralde, agente de planta permanente que se desempeñaba al frente de la delegación del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en la ciudad de Federal. La expulsión de la administración pública provincial se concretó tras la sustanciación del sumario administrativo instruido mediante el Decreto N° 276/2025 del Ministerio de Seguridad y Justicia, al comprobarse faltas graves encuadradas en el Artículo 71°, Inciso c) de la Ley N° 9755.
Según supo La Sexta, el proceso disciplinario se originó a partir de inspecciones y denuncias de ciudadanos que expusieron severas irregularidades en la oficina de calle Paraná 434. Durante los procedimientos de control se constataron exacciones ilegales, tales como el cobro de dinero en efectivo en mano para la confección de DNI y otros trámites sin emisión de comprobantes oficiales, el cobro de supuestos "trámites exprés" no previstos en la reglamentación y la solicitud de giros postales emitidos a nombre personal del propio Insaurralde.
Entre las maniobras más graves acreditadas en la investigación sumarial se destacó la presencia de Maximiliano Lagos, un particular ajeno a la planta del organismo a quien Insaurralde presentaba como empleado. Lagos realizaba trámites, confeccionaba documentos y percibía sumas en efectivo de los contribuyentes. Según el decreto de cesantía -fechado en septiembre pero que se conoció este mes a través del Boletín Oficial- a ello se sumó la detección de falsificaciones y rectificaciones arbitrarias en libros públicos, como el Acta de Defunción de Luis Fedullo (año 1923) y el Acta de Nacimiento de Waldemar Astudillo, las cuales exhibían números de resoluciones y protocolos inexistentes en el archivo central de Paraná.
Durante el desarrollo del sumario, Insaurralde se presentó a la audiencia indagatoria el 10 de abril de 2025 asistido por su abogado defensor, instancia en la que hizo uso de su derecho de abstenerse de declarar. El expediente dejó constancia además de sus antecedentes disciplinarios, entre los que figuran una sanción de apercibimiento en 2019 por no rendir diariamente la recaudación y una suspensión de 10 días aplicada en octubre de 2024 por la permanencia irregular de Lagos en la dependencia.
De forma paralela, el exfuncionario enfrenta una causa penal que tramita en la Unidad Fiscal de Federal a cargo de la fiscal Eugenia Molina, registrada bajo el Legajo N° 14413 e iniciada por denuncia de la entonces directora del organismo, Liliana Mabel Fugaza. En dicha causa, caratulada por malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes y fraude a la administración pública, la Jefatura Departamental Federal concretó el año pasado un procedimiento en la oficina registral donde secuestró una impresora tickera marca Epson TM-U950 para peritar la emisión de comprobantes.
En cuanto al sumario, este se dio por finalizado luego de que la Comisión Asesora de Disciplina de la Fiscalía de Estado, mediante el Dictamen N° 101, y la Dirección General de Asuntos Jurídicos concluyeran que la responsabilidad del agente quedó fehacientemente acreditada. Con el aval del Poder Ejecutivo, se dictó la máxima sanción expulsiva, dejando a Insaurralde desligado del Estado provincial mientras la investigación judicial continúa su curso en sede penal.
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