La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos ordenó otorgar la suspensión de juicio a prueba o probation al empresario Néstor Juan Szczech; y al ingeniero y apoderado de la empresa L&C Construcciones SA, Carlos Alberto Lescano, en la causa en la que se investigó presunto peculado en la obra de 20 cuadras ejecutadas en Santa Elena, en 2014, en la anterior gestión de Domingo Daniel Rossi.
La resolución fue firmada este miércoles por los vocales Miguel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak
La probation es un salida alternativa de un proceso que no implica el reconocimiento de un delito, por lo que la reciente decisión es un triunfo para las defensas de los empresarios. Y es que en instancias inferiores habían recibido rechazos a la petición.
Por otra parte, el STJ entendió que es la Justicia provincial quien debe entender en la causa, rechazando la pretensión de Rossi y otros acusados de que el expediente pase a la Justicia Federal, ya que los fondos de las obras eran nacionales.
"Luce evidente que la justicia ordinaria es la que debe entender en la presente causa, resultando aplicable el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por cuanto el máximo tribunal del país ha sostenido que una vez que el Estado nacional remite o transfiere los fondos y son aceptados por los entes locales, ya pertenecen a su patrimonio y se excluye un perjuicio directo y efectivo a las arcas de la Nación”, señaló Giorgio.
Por esa razón, propició rechazar “los recursos extraordinarios planteados por los señores defensores de los imputados Domingo Daniel Rossi, María Inés Martínez y Roberto Carlos Méndez y hacer lugar parcialmente al recurso impetrado por los defensores técnicos de los imputados Szczech y Lescano; confirmando en consecuencia el resolutorio recurrido en cuanto a la cuestión de competencia introducida y revocándolo sólo en lo que respecta al rechazo del pedido de suspensión del juicio a prueba, disponiendo el reenvío de las actuaciones al Sr. Juez de Garantías para el tratamiento de esta particular cuestión conforme los lineamientos aquí expresados”.
LA CAUSA
La causa se inició en 2016 por una denuncia formulada por el ahora exintendente de Santa Elena, Silvio Moreyra, que es concuñado de Rossi.
Además de Rossi, la Fiscalía acusó al empresario Néstor Juan Szczech; el ingeniero y apoderado, respectivamente, de la empresa L&C Construcciones S.A. Carlos Alberto Lescano; María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena); y Adolfo Zenón Ortiz (responsable técnico del Programa Más Cerca). El ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez, falleció mientras trascurría la investigación.
Los delitos que se le endilgan a Rossi es el de peculado, falsificación de documentos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público atribuido en carácter de autor; y los mismos delitos, pero en carácter de partícipes necesarios, a Roberto Carlos Méndez, María Inés Martínez, Adolfo Zenón Ortiz, a Néstor Juan Szczech, y a Carlos Alberto Lescano.
La acusación del fiscal de La Paz, Santiago Alfieri, dice que durante la anterior gestión de Rossi al frente de la Municipalidad de Santa Elena, en 2014 y 2015, el Municipio pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de esas 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado es $18 millones y el mínimo de $14 millones.
En su pedido de elevación a juicio, el fiscal había adelantado que en la instancia de debate oral pediría una pena de prisión para Rossi: 5 años y 6 meses de cárcel, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
QUÉ DICE LA DEFENSA
El 23 de junio del año pasado, cuando el municipo y la empresa alcanzaron un acuerdo transaccional -que hizo caer la demanda civil por las 20 cuadras-, el abogado de Rossi, Carlos Reggiardo, divulgó un comunicado en el que cuestionó en duros términos la acusación penal y defendió la obra de las 20 cuadras.
"Después de casi 5 años de una obra que significó el saneamiento y urbanización de una zona de la ciudad, que significó que se asfaltaran y dieran servicios a 26 cuadras de pavimento, es decir mas de un 26% de lo que pedía el pliego de base y condición y el presupuesto oficial (reconocido por el pseudo perito Beltrán Uranga que vino a Santa Elena y midió la obra como figura en el expediente, y único caso en Argentina que una empresa construye por más de 5 millones de peso una obra)", dijo entonces.
"En 2017 y luego de haber dejado caer las garantías, y retirarle arcos de contención para que el tránsito pesado no circule; la Gestión de Silvio Moreyra apostó a su destrucción, e hizo una denuncia penal acompañada que le vino como anillo al dedo a la Procuración en su parodia de perseguir dirigentes para justificar el encubrimientos de los contratos truchos que saquearon las arcas de la Provincia imputando solo a perejiles o deliverys del dinero", añadió.
"El 9 de Junio de 2019 la ciudad de Santa Elena volvió a confiar sus destinos a Daniel Rossi, quien es el mentor de la obra y terminó imputado por un fiscal adicto a la procuración, que solo pretende ir a juicio acusando primero de sobreprecios, luego de incumplimientos y falsificación de certificados de obras, y con un peritaje falso como única prueba pretende formar parte de la farsa más grande Judicial para llevarlo a Juicio Oral al intendente que hizo más cuadras de las presupuestadas, con dinero de Nación y con la aprobación de organismos intervinientes de control- dentro del presupuesto oficial- Con el acuerdo presentado L&C, se compromete a financiar parte de las reparaciones, que debía ejecutar en 2016 y no lo hizo por capricho del entonces Intendente", puntualizó luego.
En cuanto al acuerdo con la empresa, señaló que la misma "aportará materiales por más de $6.000.000 para sanear 5 años de odio, desaprensión y persecución política".
