Eduardo Alberto Elsesser es un hombre de 76 años de edad que reside en la Zona Rural de Alcaraz, en el Departamento de La Paz. Eduardo posee una instrucción escolar muy acotada, solo hasta el cuarto grado de la escuela primaria; presenta severas dificultades para leer y hablar con fluidez, padece de una discapacidad auditiva importante y cuenta con una capacidad de discernimiento restringida y limitada para asuntos ligeramente complejos. Al no haberse casado nunca ni tener hijos, y tras el fallecimiento de todos sus padres y hermanos, Eduardo quedó como el único heredero de los inmuebles de su familia. Pero hoy, el anciano no tiene nada.
A sabiendas de esta situación y de su deteriorado estado de salud física y mental, un conocido de la zona llamado Hugo Fries se valió de su inexperiencia y de su condición de adulto mayor con las mencionadas dificultades, para llevar a cabo una maniobra que fue denunciada y está bajo investigación en la Justicia como un fraude.
Fries no es solo un conocido: fue intendente de Alcaraz entre 2011 y 2015, volvió a ser candidato y sigue manteniendo influencia en esferas del poder.
Octubre de 2022: el engaño
El 24 de octubre de 2022, poco después del fallecimiento de Alejandro, el último de los hermanos de Eduardo, Hugo Fries lo trasladó hasta la localidad de Bovril para presentarse ante el escribano público Adrián Brun. La intención de Eduardo, según lo que Fries le había hecho creer, era firmar un contrato de arrendamiento sobre un campo y un contrato de locación de una casa que poseía por herencia familiar.
Durante el acto de la firma, Eduardo no recibió ningún monto de dinero. Pero, esto no le extrañó ni le llamó la atención en su momento, ya que asumió de buena fe que las rentas se le comenzarían a pagar por mes posteriormente. Y así ocurrió: Fries empezó a entregarle sumas de dinero de forma mensual. Eduardo creía firmemente que ese dinero mensual correspondía al alquiler pactado por sus propiedades. Pero no, era parte de otra escritura que también le hicieron firmar Fries y el escribano Brun: se trataba de un contrato de renta vitalicia por el cual Eduardo recibiría un monto hasta el final de su vida, muy inferior a lo que valía el arrendamiento.
Los inmuebles detallados en la escritura son campos de 71, 16,8, 49, 22 y 17 hectáreas, y un terreno urbano de 1.700 metros cuadrados con una casa.
Por la renta vitalicia, Fries se comprometía a pagarle mensualmente a Elsesser el valor de 1,5 kilos de carne vacuna precio en Liniers por hectárea sobre una superficie total de 177,5 hectáreas. A valores actuales sería $1.171.500. Además, el 20% de un salario mínimo, vital y móvil por el inmueble urbano. Hoy serían $76.760.
En el medio, hubo otras situaciones abusivas: Fries le dijo que le construiría una casa nueva a Eduardo en el campo donde vive desde que nació a cambio de 80 vacunos. Construyó solo dos pequeñas habitaciones y un baño.
Septiembre de 2024: el descubrimiento
Casi dos años después, en septiembre de 2024, un comisionista conocido de Eduardo, César Aníbal Taylor, lo fue a ver para arrendarle una fracción de sus campos. Le dijo que Fries los tenía a todos desde que lo llevó a Bovril, pero algo no cuadraba. Le pidió que le mostrara lo que había firmado y al leer los documentos pudo observar el engaño. El lunes 16 de septiembre, Eduardo asistió un estudio jurídico en Paraná, acompañado por su amiga de confianza, Juana Coceres, y por Taylor.
Al entregarle al abogado Maximiliano Burgos el documento firmado con Fries para su revisión, supieron la verdad: lo que le habían hecho firmar en octubre de 2022 ante el escribano Brun no era ningún contrato de alquiler, sino una Cesión de Derechos Hereditarios y un Contrato de Renta Vitalicia. Es decir: por un lado, Eduardo le regalaba todos sus bienes a Fries; por otro, Fries le pagaba unos pesos por esa entrega, por el resto de su vida.
Mediante este engaño, Eduardo había cedido de manera perjudicial la totalidad de los inmuebles que le correspondían como heredero. Eduardo cayó en la cuenta de la gravedad de la situación, reafirmando que él jamás tuvo ni tiene la intención de deshacerse de dichas propiedades. Cuando le explicaron lo que le habían hecho, cayó en una profunda depresión.
Las irregularidades del acto notarial
Al analizar cómo se sucedieron los hechos, se evidenciaron profundas irregularidades en la actuación del escribano Adrián Brun, señalado como partícipe necesario del fraude. A pesar de la notoria y evidente discapacidad de Eduardo, el escribano no tomó los recaudos legales mínimos para el acto, tales como: requerir la presencia de testigos; constatar o explicarle detalladamente a Eduardo si en realidad comprendía y discernía el alcance de los documentos que estaba firmando; dar fe y certificar en la escritura un supuesto pago en efectivo de $4.850.000 pesos realizado en ese mismo acto, entrega de dinero que nunca existió en la realidad.
Asimismo, las escrituras presentaban contradicciones flagrantes: mientras que la cesión se declaraba como "onerosa" por la suma ficticia de $4.850.000 pesos entregados en el acto, el contrato de renta vitalicia paralelo establecía que la contraprestación de dicha renta era, precisamente, la cesión de derechos.
Adicionalmente, el escribano realizó una retención de $72.750 pesos en concepto del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI), un tributo que legalmente no corresponde aplicar para las cesiones de derechos hereditarios y que además se encontraba derogado al momento del acto.
La denuncia
Eduardo Elsesser acudió a la Justicia. Con la abogada Natalia Del Castillo, se presentó el 25 de septiembre de 2024 ante la Unidad Fiscal de La Paz para formalizar la denuncia penal por Estafa y Defraudación por Circunvención de Incapaces contra Hugo Fries, en calidad de autor, y contra el escribano Adrián Brun, en calidad de partícipe necesario. Esa actuación fue clave y planteó las bases del legajo para que se investigara lo sucedido.
Inicialmente, la causa estuvo a cargo del fiscal Martín Millan, quien el 28 de octubre de 2024 decreta la apertura de causa. El abogado Joaquín Gonzalo Ramonda Bonino es designado como defensor de Fries y de Brun.
No se movió lo suficiente en ese primer momento. El año pasado ingresó como querellante el abogado José Barbagelata y trató de empujar las medidas de la investigación. Actualmente, la investigación está a cargo de la fiscal Giuliana Giovannini, quien le ha dado un nuevo impulso a la causa. Principalmente se pidieron informes sociales y psicológicos para evaluar la capacidad de Eduardo de comprender lo que había firmado ese día en la escribanía pública de Bovril.
Las pericias psicológicas
En agosto de 2025, Eduardo Elsesser fue citado en las oficinas de la Unidad Fiscal de La Paz para comparecer ante una junta de especialistas en salud mental. Sentado frente a médicos y psicólogos (uno de ellos de parte de la defensa), el anciano se mostró abierto al diálogo. El informe de ese equipo sostuvo que pudo relatar la historia de su familia y sus días en el campo, pero tropezó al intentar recordar su número de documento.
Los profesionales observaron en él un pensamiento de estructura lógica y coherente, adaptado al lenguaje y a las costumbres de su entorno sociocultural. Sobre sus capacidades, los peritos detectaron que conserva sus funciones de atención y memoria, y puede planificar sus actividades diarias, aunque lo hace con un ritmo enlentecido.
Por otro lado, la junta técnica advirtió que presenta severas dificultades para realizar cálculos matemáticos y resolver tareas de orientación espacial. No obstante, la conclusión del equipo en aquel momento de la entrevista fue que Eduardo no padecía de trastornos psíquicos y que, bajo una evaluación general, conservaba la capacidad de comprender y discernir.
Como los puntos de pericia planteados por el fiscal era muy básicos y amplios, la querella solicitó una nueva pericia más detallada para saber si Eduardo podía comprender un acto tan complejo (para cualquier persona no letrada) como fueron las escrituras que le hicieron firmar.
Esta nueva pericia fue presentada en julio de este año. La psicóloga fue hasta el domicilio de Eduardo Elsesser y la entrevista desnudó la profunda asimetría y el engaño detrás del conflicto judicial. El diagnóstico de la especialista es categórico: Eduardo posee un pensamiento estrictamente concreto y severas limitaciones para comprender abstracciones. En su vida cotidiana, puede manejarse con billetes de baja denominación y realizar compras cotidianas de hasta 10.000 pesos. Pero cuando se trata de cifras mayores, el dinero se vuelve una abstracción incomprensible; Eduardo desconoce el valor real de 1 millón de pesos, lo que anula por completo su capacidad para dimensionar el valor comercial de su propio patrimonio.
El informe pericial revela que términos legales abstractos como “cesión de derechos hereditarios” o “renta vitalicia” son para Eduardo un idioma extranjero. Al ser indagado al respecto, su respuesta era: “No sé de qué se trata”.
La psicóloga subrayó la contradicción entre lo que Eduardo firmó y lo que realmente quería hacer. Su verdadera voluntad era realizar un acuerdo verbal y de palabra —el típico arrendamiento rural que se pacta en el campo cobrando por kilos de novillo la hectárea—. Sostuvo que Eduardo jamás tuvo la intención ni el deseo de transferir o regalar su herencia. “No me di cuenta de que hicieron ese papel”, le dijo el hombre a la perito.
Fuente: Análisis
Autor: José Amado
