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Los vecinos del barrio Fátima de La Paz denunciaron que el municipio no cumplió ninguno de los compromisos asumidos en la ordenanza de emergencia ambiental, la norma que llevó al Superior Tribunal de Justicia (STJ) a revocar el amparo que ordenaba cerrar el basural. “Ya pasaron ocho meses y le quedan apenas cuatro, y no cumplieron un solo punto”, afirmó Mónica Frette, vecina y una de las denunciantes en la causa.

“No buscaron terreno, no pusieron plata y jamás nos dieron un informe a nosotros”, enumeró. El plazo de un año fijado por la ordenanza vence el 9 de marzo de 2027.

Frette dialogó con Un martillo para darle forma, por Radio Plaza, en una entrevista realizada desde el propio predio, ubicado en la entrada de la ciudad, junto a las piletas de tratamiento cloacal.

 

“Una promesa en un papel”


La vecina recordó que la ordenanza de emergencia, la 1.479, se aprobó apenas tres días después de que los vecinos presentaran el amparo, el 6 de marzo. “Hoy sabemos que eso fue una maniobra solo para frenar el juicio”, sostuvo.

En junio, el juez de La Paz Raúl Damir Flores hizo lugar al amparo y ordenó relocalizar el basural. Pero el Municipio apeló y el STJ revocó la sentencia, al entender que la comuna ya estaba actuando a través de esa ordenanza. “Aunque los jueces reconocieron que el daño ambiental existe, entendieron que el Municipio ya estaba actuando con esa ordenanza. De esa manera antepusieron una promesa en un papel por encima de todas las pruebas y nos dejaron totalmente desprotegidos”, cuestionó Frette.

 

Siete compromisos, ningún avance


Según detalló, la ordenanza fija siete compromisos con un plazo de un año: buscar un terreno habilitado y cerrar el predio actual; limpiar el basural, separar los residuos y terminar con las quemas, los olores y las moscas; impermeabilizar el suelo; sanear las lagunas cloacales; dar trabajo a los recicladores; destinar el 20% del presupuesto de obras públicas al tema; y armar una mesa con los vecinos para rendir cuentas todos los meses.

La vecina también desmintió los argumentos que el Municipio presentó en su descargo. “El Municipio dice que hay una vigilancia rotativa, pero no hay ningún cerco ni casilla, así que cualquiera puede entrar y salir. También prometieron un monitoreo y filtros, pero como no hicieron ninguna impermeabilización, los líquidos tóxicos se siguen filtrando hacia las napas. Y aseguran que controlan lo patológico, pero la realidad es que hay agujas, sangre, sueros, medicamentos tirados al aire libre”, denunció.

En el predio hay un tanque de agua que, según los vecinos, está vacío. “Este tanque es para la foto, no tiene nada, no funciona, no tiene agua. Esto es una mentira también del Municipio, que dijo que tenía agua, y acá prende un incendio y no va a apagar nada”, señaló.

En agosto, tras el fallo del STJ, el secretario de Obras y Servicios Públicos de La Paz, Nicolás Merlo, había reconocido que “la problemática que ellos viven es real”. En esa oportunidad anticipó la búsqueda de un predio de unas 20 hectáreas, la instalación de un cerco perimetral, cámaras de vigilancia y un sereno. Según los vecinos, nada de eso se concretó.

 

Piletas cloacales tapadas con basura


El basural funciona desde hace más de diez años en el mismo predio que las piletas de tratamiento cloacal, en la Chacra 96, en la entrada de la ciudad. “Son dos actividades totalmente incompatibles. De las seis piletas que había, tres están tapadas directamente con basura y otras tres colapsaron, es decir, que ninguna funciona. Todo el líquido cloacal va crudo hacia los arroyos”, denunció Frette.

La vecina recordó que la propia Municipalidad tiene vigente la ordenanza 1.313, que declara área protegida al arroyo Cabayú Cuatiá. “El mismo municipio que tiene el poder de policía de protegerlo es el que lo contamina”, sostuvo. Y agregó que la basura cae directamente sobre el arroyo Paraíso, que desemboca en el Cabayú Cuatiá y luego en el río Paraná.

Cromo y arsénico por encima de lo permitido
Frette recordó que la pericia realizada en la causa judicial respalda la denuncia. “La perito ambiental, la ingeniera María Silvina Patterer, quien analizó el agua, encontró ocho veces más cromo y tres veces más arsénico de lo permitido; son dos metales pesados muy cancerígenos y tóxicos”, explicó.

También mencionó el informe social incorporado a la causa, que constató que el 100% de los vecinos entrevistados sufre el impacto del basural. Según relató, el Municipio intentó desacreditar a la asistente social Cecilia Domínguez por no ser médica. “No hace falta ser médico para constatar lo que está a la vista: chicos dependiendo de un puff, ojos irritados, infecciones en la piel, familias enteras obligadas a vivir encerradas por el humo y las moscas”, planteó.

Además, cuestionó un decreto del intendente que, según dijo, afirma no tener conocimiento de pruebas científicas de contaminación ni de daños a la salud. “Esa excusa no se sostiene porque la propia Justicia tiene pruebas contundentes”, afirmó.

 

“Esto no es vida para nadie”


El predio afecta a cuatro o cinco barrios y a dos escuelas. Los vecinos viven a unos 200 metros, y la Escuela 8 se encuentra a 400 metros. “Vivimos respirando humo, olores insoportables, rodeados de ratas, moscas y basura hospitalaria”, describió Frette.

Según relató, en el lugar se queman residuos a diario: cables para extraer el cobre, papeles y plásticos. “Más allá de todos los papeles y las leyes, queremos que se entienda que esto no es vida para nadie: estar todo el día encerrado con las ventanas trabadas para que no entre el humo ni el olor a podrido. No podés festejar un cumpleaños en tu casa ni hacer un asado afuera de día porque te corren las moscas, y de noche te corren los mosquitos”, dijo.

 

Sin separación de residuos


La vecina también cuestionó que La Paz no tenga separación de residuos y que cada vez se arroje más basura en el predio. Según explicó, la planta de reciclaje no funciona desde que se incendió en 2024, y la separación la realizan recicladores informales. “Hay mucha gente que me dijo que vive de la basura y tiene que estar de 6 de la mañana a 10 de la noche por menos de un millón”, señaló.

 

El reclamo a la Provincia


Frette también apuntó contra la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, que en los últimos días ordenó suspender un basural en Oro Verde. “Eso es lo que nos llama muchísimo la atención, porque en todo Entre Ríos se están clausurando los basurales. Es increíble que hayan creído las mentiras del Municipio”, cuestionó.

En agosto, los vecinos ya habían denunciado que el Municipio no usaba $1.180 millones que, según su interpretación de la ordenanza, debían generar intereses destinados al saneamiento. El Municipio, por su parte, difundió el texto de la ordenanza de emergencia y sostuvo que la norma no establece que esos fondos estén afectados al vertedero.

“A ver si tenemos alguna respuesta de parte tanto de la Secretaría de Ambiente de la Provincia como del Municipio”, cerró Frette.

 

Fuente: Plaza Web y Análisis

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