Los cambios de gobierno en los municipios de Larroque (departamento Gualeguaychú) y Santa Elena (departamento La Paz) impactarán en los juicios civiles por el supuesto sobreprecio en obras de pavimentación en cada localidad.
Se trata de las causas paralelas al proceso penal que tiene como imputados principales a dos intendentes recién asumidos: los peronistas Leonardo Hassel , de Larroque; y Domingo Daniel Rossi, de Santa Elena.
La situación que se presenta es lógica: las nuevas autoridades no impulsarán un juicio en contra de sí mismos. Las autoridades que concluyeron sus mandatos el 10 de diciembre último habían impulsado acciones penales contra sus antecesores, que ahora retomaron el mando de esos municipios nuevamente.
Por ello, ambas administraciones ya analizan cómo desistir de la acción civil que iniciaron sus antecesores. Un camino es que los nuevos Concejos Deliberantes, con mayoría oficialista, aprueben el desistimiento de la acción. Esta cuestión seguramente será materia de análisis de los respectivos cuerpos deliberativos en las sesiones de 2020.
En el caso de Larroque, la causa civil y penal la presentó el ahora exintendente Darío Benedetti (Cambiemos), a través de su abogado Sergio Avero.
En tanto, en el caso de Santa Elena, las dos causas comenzaron por una denuncia del ya exintendente y concuñado de Rossi, Silvio Moreyra. La presentación judicial la formuló por medio del abogado Guillermo Mulet.
El caso de Santa Elena
El intendente de Santa Elena y exvicegobernador, Domingo Daniel Rossi, también batalla en la causa civil y penal por supuesto sobreprecio de una obra de 20 cuadras, también realizada con fondos del Plan nacional “Más Cerca” en su última gestión.
En la causa civil el ahora exintendente Moreyra le reclamaba a los acusados que paguen más de $$10.937.255,46 en concepto de perjuicio económico al Estado municipal.
En este proceso lo que ocurrió fue que falleció uno de los imputados de la causa penal, y que también había sido demandado civilmente. Se trata de Rubén Antonio Clivio Benítez, el ingeniero en construcciones de la empresa L&C Construcciones SA, que tuvo actuación en la obra.
Ante el deceso del hombre, la gestión Moreyra, a través de del abogado Guillermo Mulet, desistió de la demanda contra el ingeniero y sus herederos. El desistimiento fue convalidado el 8 de agosto por el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo.
Contra esa resolución, Rossi presentó un recurso de apelación a través de sus abogados Roberto Alsina y Carlos Guillermo Reggiardo. En el mismo plantearon que para desistir de la acción civil el juez de Garantías debió haber consultado la opinión de los demás acusados y, además, haberle dado intervención al Concejo Deliberante.
El 30 de agosto, el camarista Gervasio Labriola le dio la razón al entender que correspondió aplicar el artículo N° 292 del Código Procesal Civil y Comercial, que prevé que cuando el actor civil desistiera del proceso deberá requerir la conformidad de los demandados.
«El juez de Garantías debió haberle corrido traslado a los codemandados y a los herederos del fallecido Benitez en este trámite a la solicitud del desistimiento parcial del actor civil”, dijo Labriola.
Vuelto el expediente al juzgado de Carballo, los defensores también señalaron que el desistimiento se estaba realizando sin la autorización del Concejo Deliberante local. En ese punto, se citó Ley de Municipio N° 1027, que establece que “el intendente no puede transar en juicio si no tiene la autorización del Concejo Deliberante”.
“Tenemos dudas acerca de las incompatibilidades que tenemos todos para tomar cualquier decisión. Nosotros tenemos que buscar la forma de que eso lo resuelva alguien que no tenga conflictos de intereses. Nosotros no vamos a desistir y hay que ver. Mandarlo al Concejo sería una posibilidad pero lo queremos hacer de la mejor manera posible para que no digan que desistimos. Nosotros estamos convencidos que no hubo sobreprecios”, explicó a Entre Ríos Ahora el abogado de Rossi, Carlos Reggiardo.
Causa penal
La causa por el supuesto sobreprecio se inició en 2016 por una denuncia formulada por el ahora exintendente de Santa Elena, Silvio Moreyra –que también está siendo investigado por el fiscal Alfieri en una causa por supuestos sobreprecios en una obra- que es concuñado de Rossi.
Según la primera acusación fiscal, durante la gestión Rossi, el municipio pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de esas 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado es $18 millones y el mínimo, de $14 millones. La obra se realizó en el marco del programa nacional ‘Más Cerca’.
En su pedido de elevación a juicio, el fiscal Alfieri adelantó que en la instancia de debate oral pediría una pena de prisión para Rossi: 5 años y 6 meses de cárcel, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
Además de Rossi, el fiscal busca que sean llevados a juicio otras seis personas: el empresario Néstor Juan Szczech; el ingeniero y apoderado, respectivamente, de la empresa L&C Construcciones S.A. Carlos Alberto Lescano; María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Rossi); y Adolfo Zenón Ortíz.
Fuente: Entre Ríos Ahora
