El abogado de Santa Elena Renato Ojeda Gómez se pronunció en contra del aborto legal y señaló qué consecuencias acarrearía la aprobación de la ley desde su punto de vista. ¿Una mujer podría abortar para volverse heredera del progenitor paterno?

Por: Renato Ojeda Gómez

 

En estos días en los que está siendo debatido en el Congreso de la Nación el “Aborto Legal”, he escuchado las más diversas opiniones respecto al tema, sobre lo moral, lo biológico, ámbitos de los que no voy a emitir opinión, siendo lo primero, personal, y lo segundo, simplemente porque no es mi ámbito, ya que soy un simple abogado.

Ahora bien, en cuanto a los efectos legales del aborto legal, sí tengo una opinión y surge de la experiencia a través de los años de ejercicio de la profesión, donde se ha visto al derecho fallar en cuanto a los efectos jurídicos mediatos, que surgen o se pueden apreciar luego de que el mismo comienza a aplicarse.

El ejemplo más claro fue la última modificación del Código Procesal Penal de Entre Ríos, en el cual, a un año de su sanción, se aplicaron enmiendas y modificaron más de 100 artículos, lo que me hace realizar planteos respecto de los efectos jurídicos que acarrea la legalización del aborto.

En el articulado a considerar, el art. 19 del Código Civil y Comercial Argentino, modificado hace casi tres años, dice: “Comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con la concepción”. Esta teoría y fundamentación centenaria de Vélez Sarsfield, sufrió una modificación, ya que en el anterior Código Civil en el art. 70 decía “desde su concepción en el seno materno” y debido a la fertilización asistida, se suprimió ese párrafo.

Otra de las modificaciones importantes introducidas en el nuevo Código Civil y Comercial es el último párrafo del art. 21, que dice: “El nacimiento con vida se presume”.

También consideremos el art. 22 del Código Civil y Comercial, que dice “que toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones”.

La persona por nacer es considerada por la doctrina del derecho, como una persona incapaz de hecho (que puede ser representada), pero no de derecho.

Una vez traídos a este razonamiento estos artículos, surgen las contradicciones legales con tan solo plantear este ejemplo: Si una mujer luego de concebir, decide interrumpir su embarazo con un aborto legal y el progenitor paterno es una persona con un importante patrimonio, estando denunciada la concepción, la persona concebida, si bien es un incapaz de hecho, para ejercer por sí misma sus derechos, es plenamente capaz de derecho, y adquiere todos los derechos que le correspondan. Ahora bien, si se presume que nace con vida, adquiere plenamente esos derechos de su padre, aunque luego muera, pasando su madre a ser su heredera.

Si se excluyen o modifican los artículos 85 y 86 del Código Penal Argentino, en los cuales se pena el aborto, resultaría que matar a una persona para hacerse de su patrimonio, sabiendo que es su descendiente, dejaría de ser un delito, ámbito que excede al aborto.

Aclarando que el artículo 86 del Código Penal prevé y autoriza legalmente el aborto cuando corre peligro la vida de la madre o de ambos y cuando el embarazo proviene de una violación, o fue concebido por una mujer incapaz por demencia o idiotez, quien lo puede solicitar a través de su representante legal. También contamos con leyes de salud pública para la ligar las trompas y métodos anticonceptivos gratuitos provistos por el Estado.

Concluyendo mi opinión, estoy convencido de que la legalización del aborto no solo modifica al Código Penal, sino que a demás modifica al Código Civil y Comercial y confronta al sistema legal argentino, desvirtuando el concepto de persona, en lo civil y despenalizando un crimen con causa en el ámbito penal, para hacerse de una herencia sin ningún tipo de penalidad.

Las consecuencias de la legalización del aborto no las conocemos, como estimo, ha quedado demostrado con un ejemplo que se ha expuesto en estas líneas y hacen que los efectos legales sean imprevisibles.

 

 

Renato Ojeda Gómez es abogado matriculado N° 6298 del Colegio de Abogados de Entre Ríos

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